El estudio argumenta de manera contundente que la crisis de financiamiento del sistema educativo hondureño no es un problema aislado, sino una consecuencia directa de las profundas deficiencias de su sistema tributario.
El documento parte de la premisa de que la justicia fiscal y el financiamiento de los bienes públicos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. En Honduras, un país con altos índices de desigualdad, el sistema tributario debe funcionar como una herramienta para la redistribución de la riqueza y la garantía de derechos esenciales como la educación.
Sin embargo, la realidad actual muestra que la baja presión tributaria, la elevada informalidad económica, la evasión y elusión fiscal, y la limitada progresividad del sistema limitan severamente la capacidad del Estado para invertir en educación.
Las deficiencias fiscales tienen un impacto devastador en el sector educativo, manifestado en la insuficiente inversión y la profunda desigualdad en la asignación de recursos. El documento de investigación señala que el gasto público en educación no alcanza el estándar del 6% del PIB recomendado por la UNESCO. Este bajo nivel de inversión se traduce en un sistema que no puede garantizar la cobertura, el acceso y la calidad de la educación para todos.