Alto Comisionado urge a las autoridades nicaragüenses a actuar de inmediato para poner fin a la violencia
GINEBRA (5 de julio de 2018) – Semanas de protestas y violencia en Nicaragua han puesto de manifiesto la grave situación de derechos humanos en el país y la necesidad de que el gobierno nicaragüense adopte medidas importantes para evitar mayor pérdida de vidas, hacer frente a la impunidad y garantizar la justicia a las víctimas, indicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
«La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril, son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho», aseveró Zeid.
Las protestas se dirigieron en un principio contra las reformas anunciadas al sistema de pensiones, pero posteriormente desembocaron en protestas generales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Información recibida de varias fuentes indica que, desde mediados de abril hasta el 4 de julio, alrededor de 250 personas, muchas de ellas jóvenes, murieron y miles resultaron heridas. Fuentes del gobierno señalan que 12 agentes de policía también fallecieron. Asimismo, más de 700 personas habrían sido detenidas arbitrariamente, y algunas de ellas presuntamente sometidas a malos tratos. También se han reportado casos de desapariciones.
«Pido al gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, quienes de forma creciente han sido responsables de la represión y los ataques. Aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la justicia», subrayó Zeid.
Un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU visitó Nicaragua del 26 de junio al 3 de julio por invitación del Gobierno, para realizar un monitoreo de los derechos humanos y apoyar el trabajo de la Comisión de Verificación y Seguridad. Esta es una de las comisiones establecidas por el Diálogo Nacional, que incluye a representantes del gobierno y de diversos sectores. Sus objetivos incluyen el desarme de elementos progubernamentales y la creación de condiciones para el desmantelamiento de barricadas erigidas por algunas comunidades.
«Aunque agradezco al gobierno de Nicaragua la invitación extendida a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a venir al país, en estos momentos urjo a las autoridades a tomar medidas reales para reconocer la gravedad de la situación y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas adecuadas para proteger a la población y evitar más muertes», instó el Alto Comisionado.
El uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes observado al comienzo de la crisis disminuyó cuando los oficiales de policía se retiraron de muchas de sus funciones. Sin embargo, la violencia por parte de los elementos armados progubernamentales ha seguido intensificándose, en particular contra las comunidades que han erigido barricadas o tranques como forma de protesta o como medio de autoprotección. Hay señales alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familias, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica, entre otros.
El equipo también recibió quejas de que la presencia de individuos armados en las calles, además de elementos armados progubernamentales, habría contribuido a la existencia de un clima de intimidación e inseguridad. El equipo también recibió denuncias de partidarios del gobierno indicando que habían sufrido ataques y amenazas de linchamientos.
«Mi equipo escuchó testimonios de profunda frustración y desesperación, así como de miedo generalizado. Es necesario establecer garantías reales para que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. También hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Exhorto al Estado a garantizar la realización de investigaciones efectivas, independientes, imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos desde abril», dijo Zeid.
«Es de vital importancia que se conserven las pruebas, incluida la documentación médica y legal. El trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contribuirá al establecimiento de los hechos y a la lucha contra la impunidad «, señaló el Alto Comisionado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU mantendrá su presencia en Nicaragua para continuar su trabajo de monitoreo y asistencia técnica, y coordinará sus actividades con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se reunió con funcionarios del gobierno, incluidos de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud, la Fiscal General de la República, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, así como con jefes del ejército y la policía. También mantuvo reuniones con víctimas y sus familias, organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles y sociales, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la Comisión de Verificación y Seguridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del sector privado, las Naciones Unidas y algunos representantes de la comunidad internacional.