Cómo garantizar el derecho a la Educación en la Constitución chilena
AUTOR:Laboratorio de innovación e Investigación en educación para América Latina y el Caribe
En el marco del debate por la reforma Constitucional, SUMMA, el primer Laboratorio de innovación e Investigación en educación para América Latina y el Caribe, y el Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional (CJE) elaboraron el documento “El Derecho Humano a la Educación en Chile: insumos para el debate constituyente”, con el objetivo de reflexionar acerca del derecho a la educación en Chile, y en qué medida está siendo garantizado para todos y todas.
El estudio fue elaborado por Denisse Gelber, Directora de Estudios de SUMMA; Carolina Castillo, Investigadora en la Línea de Inclusión Pedagógica de CJE; y Ernesto Treviño, Investigador Principal en la Línea de Inclusión Pedagógica de CJE.
“Chile es un país con altos niveles de desigualdad, y el sistema educativo es un reflejo de ello. Esta afirmación se respalda mediante una larga lista de evidencias concretas, asociadas a las interrupciones en las trayectorias educativas, la segregación escolar, las brechas de aprendizaje, las diferencias en los recursos humanos destinados a cada estudiante, la disparidad de los indicadores de desarrollo personal y social, entre otros aspectos (Bellei, 2018; Mizala & Torche, 2012; SUMMA & UNESCO, 2020; Treviño, 2018; Villalobos & Quaresma, 2015)”, asegura el documento en su inicio.
“Considerando que nuestro país se encuentra en un momento histórico que nos permite replantearnos la presencia del derecho a la educación en la Constitución de la República, donde se definen “los derechos fundamentales y garantías de las personas” (Biblioteca del Congreso Nacional, 2018, p126), una pregunta clave es: ¿cómo debería garantizarse el derecho (humano) a la educación en la Constitución?”, continúa.
El propósito del documento es promover una discusión informada acerca del derecho a la educación, analizando: i) cómo se garantiza en Chile a través de diversos instrumentos jurídicos (la Constitución vigente, normativas nacionales e internacionales); ii) qué brechas identificamos respecto a los estándares de las convenciones internacionales ratificadas por Chile; y iii) qué aspectos debieran tenerse en cuenta en el debate constituyente.
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